Con las nuevas ayudas a los ayuntamientos, el Gobierno ha comprometido ya 300.000 millones de euros en medidas contra la crisis, el 30% del PIB. No todo este importe es gasto, ya que se incluyen avales para el sector privado.
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LD (L. Ramírez) Las medidas adoptadas por el Ejecutivo para reducir los efectos de las dos crisis que tiene España (la crisis económica nacional y la tormenta financiera internacional) tendrán un coste muy alto para las arcas públicas.
Aunque no todas las iniciativas representan un desembolso inmediato de fondos públicos, el conjunto del dinero comprometido en 2008 alcanza los 300.000 millones de euros, lo que equivale al 30% del Producto Interior Bruto (PIB):
En este conjunto de ayudas se incluyen las iniciativas adoptadas por el Gobierno como consecuencia de las promesas electorales realizadas por el PSOE antes de los comicios del pasado 9 de marzo, entre las que destacan la deducción de 400 euros en el IRPF, las ayudas por nacimiento (el denominado cheque-bebé) y las reformas tributarias, entre las que destaca la reforma del Impuesto de Sociedades.
Sin este paquete de medidas, que han tenido un coste de 20.000 millones de euros -según admitió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado jueves en el Congreso- el montante total alcanzaría los 280.000 millones de euros, es decir, el 28% del PIB.
La razón por la que conviene separar este volumen de dinero del total de iniciativas contra la crisis es que estas políticas no tenían como objetivo capear la crisis, ya que desde el Gobierno se aseguraba que no existían riesgos para la economía española.
No obstante, Zapatero dijo ante los diputados que “el Gobierno siempre ha dicho que nos afecta la crisis de forma especial”. En realidad, el Ejecutivo sólo ha reconocido que España iba camino de la recesión hace unas pocas semanas.
Las ayudas al sector financiero
Tras este primer paquete de gasto público –el correspondiente a las promesas electorales- el vicepresidente económico, Pedro Solbes, diseñó el plan de ayudas para el sector bancario. Solbes –que negaba que las turbulencias financieras pudieran llegar a España- tuvo por fín que claudicar, y diseñó un programa destinado oficialmente a dar dinero a bancos y cajas de ahorros para que las entidades dieran créditos a familias y empresas.
En concreto, creó un Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF), dotado con 30.000 millones de euros –ampliables hasta 50.000 millones- que serán adjudicados mediante subasta pública a un tipo de interés inferior al que ofrece el Banco Central Europeo (BCE).
Además, el Gobierno decidió avalar la deuda de los bancos y cajas en 100.000 millones de euros durante 2008 y otros 100.000 millones para el próximo año. En conjunto, el paquete de ayudas a la banca asciende así a 250.000 millones, aunque 200.000 millones son avales, es decir, que no se ejecutan siempre y cuando las entidades financieras hagan sus deberes.
Los préstamos y avales del ICO
Después, y tras constatar que las medidas adoptadas no abrían el grifo del crédito, Solbes decidió ampliar las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para asegurar la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El montante total alcanza los 29.000 millones de euros, aunque 10.000 millones ya estaban comprometidos en las cuentas de este organismo público. Así, el volumen de fondos que, de forma estricta, corresponden a políticas contra la crisis se sitúa en 19.000 millones de euros.
Estas ayudas se otorgan en forma de préstamos y avales, por lo que es posible que el Estado recupere la mayor parte de estos fondos, aunque habrá que esperar a ver la evolución de la economía en los próximos meses.
El plan de rescate a los ayuntamientos
La última de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, ha sido el plan de inyección de 8.000 millones para la obra civil de los ayuntamientos y otros 3.000 millones “para dinamizar la economía”.
En esta última partida se incluyen los 800 millones de euros destinados al sector del automóvil, uno de los más afectados por la crisis.
Con todo, el Gobierno compromete el 30% del PIB justo cuando España comienza a entrar en la senda de la recesión, con unas cuentas públicas en números rojos y un mercado laboral que ha expulsado a 800.000 personas en el último año.
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