10.09.08 | 04:20.
El Gobierno de Ecuador invitó a relatores de Derechos Humanos de la ONU a que certifiquen que la líder amazónica Guadalupe Llori, en prisión desde hace nueve meses, no es una "detenida política", informó ayer la prensa local.
(EFE).-La Cancillería respondió así a la acusación de Human Rights Fundation (HRF), que considera que Llori fue detenida por orden gubernamental por convocar a una protesta contra el Ejecutivo, informó la cadena de televisión Ecuavisa.
HRF denunció el pasado 2 de septiembre al Gobierno de Ecuador ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas por el caso de Llori, cuya liberación inmediata reclamó.
"El caso de Guadalupe Llori es uno de los más escandalosos entre los prisioneros políticos del mundo y demuestra de manera grosera los abusos de poder a los que se están acostumbrando algunos gobernantes latinoamericanos en su afán de silenciar las voces disidentes en sus países", señaló el consultor jurídico de HRF Javier El-Hage al presentar la denuncia.
De momento, la representación de la ONU en Ecuador no ha confirmado si la Organización enviará emisarios a Ecuador para verificar la denuncia de HRF, añadió la emisora de televisión.
De su lado, la Cancillería ecuatoriana reiteró que la detención de Llori se debe a un caso de delito común, pues es investigada por un presunto "manejo irregular de fondos públicos" mientras se desempeñaba como prefecta (gobernadora) de la provincia amazónica de Orellana.
"La señora Llori permanece detenida preventivamente por imputación de un delito común, derivado de los exámenes conducidos por la Contraloría General, por presunciones de manejo irregular de fondos públicos", precisa un informe de la Cancillería.
"Su detención no responde, como pretende sorprender la ONG norteamericana (HRF), a los eventos ocurridos en Dayuma, en noviembre de 2007, hechos por los cuales la señora Llori y otras personas recibieron amnistía de la Asamblea Nacional Constituyente", agrega el texto de la Cancillería.
La organización no gubernamental HRF, que lleva el caso de la ex prefecta Llori desde inicios de año, asegura que es una "prisionera política" por haber convocado a una protesta en demanda de una obra vial en el sector de Dayuma, en noviembre pasado.
Esa protesta también afectó la operación del principal oleoducto del país, por lo que varios dirigentes de los manifestantes fueron detenidos, aunque luego liberados por una amnistía que aplicó en su favor la Asamblea Constituyente.
No obstante, Llori permanece en prisión porque en su contra hay acusaciones de presunta corrupción en el desempeño de su cargo como máxima autoridad de elección popular de la provincia de Orellana.
"No existe incitación política alguna en esta detención, sino plena observancia de la ley y el procedimiento penal para un caso de delito común", agrega el informe de la Cancillería, en el que precisa que Ecuador es "respetuoso del principio del debido proceso".
Además, el Gobierno ecuatoriano ha ratificado que "respetará la decisión de los jueces y tribunales competentes" en este caso, como en todos los que sigue la justicia.
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