La pala acaba hoy con el mítico restaurante de El Mojón tras el desalojo de los materiales por parte de sus gestores.
ALEXIA SALAS
La ley no entiende de emociones colectivas ni de paellas al punto. El restaurante Mediterráneo de El Mojón, uno de los lugares emblemáticos de la costa murciana, será definitivamente derribado hoy por la pala después de un siglo en funcionamiento.
La familia Garcerán Pérez, que regenta el negocio desde el principio, se dedicó ayer durante todo el día a vaciar el local, situado en zona de dominio público marítimo terrestre.
«Nos echan para poner una palmera, cuando el restaurante era lo que daba vida a El Mojón», se quejaba ayer una de las hijas, Claudia Garcerán. «Nos podían haber dejado por lo menos el verano, pero ni nos han notificado con tiempo y ahora tenemos mercancía que vale millones de pesetas», aseguró la hija. De hecho, el abogado de la familia, José Antonio Martínez Moya, explicó que había hecho una propuesta a la Dirección General de Costas para que el restaurante pudiese terminar la temporada a cambio de renunciar a todo proceso judicial y firmar la ocupación definitiva el 1 de septiembre.
«Nos han dado el silencio por respuesta", dijo el letrado, quien reconoce que "avisaron hace tiempo, pero también el deslinde pasa por en medio del salón de varias casas y no las derriban». El abogado ve «criterios políticos o de imagen en la demolición, porque hay una tendencia ahora a pensar que se defiende mejor el dominio público echando a la gente».
El quid del expediente del restaurante Mediterráneo está sin embargo en las obras que la familia hizo hace unos años para construir un porche y ampliar el almacén. «Es lo único que se ha hecho con posterioridad y aún se estaba discutiendo en el Juzgado si procede demoler todo o sólo esa parte», señala el abogado. Cree que «nos podemos encontrar con que dentro de dos años un Juzgado diga que había que derribar sólo lo nuevo».
La versión de la directora general de Costas, Francisca Baraza, avala el derribo: «Hay órdenes ministeriales desde 1999 y la del Tribunal Superior de Justicia es taxativa», destaca la responsable. Asegura que «llevan 23 años intentando alargar el proceso, pero nos encontramos con una situación irregular incluso de antes de la Ley de Costas».
Para Baraza, «no hay agravios comparativos; si hay viviendas en dominio público tendrán su expediente, una tras otra». Sobre la urgencia del derribo, la directora de Costas del Estado responde que «ya ha pasado por todas las salas y, mal que me pese, porque no es del agrado de nadie, si un juez lo determina hay que obedecer».
Leer +:
http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20080717/comarcas/pedro-pinatar-mediterraneo-20080717.html
TRISTEZA. La dueña del restaurante,
Claudia Garcerán,y su hija lloran junto
al resto de su familia durante
el desalojo. / A. SALAS
Claudia Garcerán,y su hija lloran junto
al resto de su familia durante
el desalojo. / A. SALAS
La familia Garcerán Pérez, que regenta el negocio desde el principio, se dedicó ayer durante todo el día a vaciar el local, situado en zona de dominio público marítimo terrestre.
«Nos echan para poner una palmera, cuando el restaurante era lo que daba vida a El Mojón», se quejaba ayer una de las hijas, Claudia Garcerán. «Nos podían haber dejado por lo menos el verano, pero ni nos han notificado con tiempo y ahora tenemos mercancía que vale millones de pesetas», aseguró la hija. De hecho, el abogado de la familia, José Antonio Martínez Moya, explicó que había hecho una propuesta a la Dirección General de Costas para que el restaurante pudiese terminar la temporada a cambio de renunciar a todo proceso judicial y firmar la ocupación definitiva el 1 de septiembre.
«Nos han dado el silencio por respuesta", dijo el letrado, quien reconoce que "avisaron hace tiempo, pero también el deslinde pasa por en medio del salón de varias casas y no las derriban». El abogado ve «criterios políticos o de imagen en la demolición, porque hay una tendencia ahora a pensar que se defiende mejor el dominio público echando a la gente».
El quid del expediente del restaurante Mediterráneo está sin embargo en las obras que la familia hizo hace unos años para construir un porche y ampliar el almacén. «Es lo único que se ha hecho con posterioridad y aún se estaba discutiendo en el Juzgado si procede demoler todo o sólo esa parte», señala el abogado. Cree que «nos podemos encontrar con que dentro de dos años un Juzgado diga que había que derribar sólo lo nuevo».
La versión de la directora general de Costas, Francisca Baraza, avala el derribo: «Hay órdenes ministeriales desde 1999 y la del Tribunal Superior de Justicia es taxativa», destaca la responsable. Asegura que «llevan 23 años intentando alargar el proceso, pero nos encontramos con una situación irregular incluso de antes de la Ley de Costas».
Para Baraza, «no hay agravios comparativos; si hay viviendas en dominio público tendrán su expediente, una tras otra». Sobre la urgencia del derribo, la directora de Costas del Estado responde que «ya ha pasado por todas las salas y, mal que me pese, porque no es del agrado de nadie, si un juez lo determina hay que obedecer».
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