La Guardia Civil arresta a un funcionario en excedencia de la consejería de Presidencia, a su socio y al gerente de la sociedad municipal del suelo del Ayuntamiento librillero
Una nueva operación policial contra la supuesta corrupción urbanística sobresaltó ayer a la Región de Murcia. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron ayer a cinco personas en Murcia, Librilla y Los Alcázares y procedieron al registro de domicilios particulares en estas ciudades, sedes de empresas así como el ayuntamiento de Librilla, el edificio del Archivo Municipal y Escuela de Música, la empresa del suelo de este municipio (Iniciativas para el Desarrollo de Librilla) y sede de la dirección general de Administración Local, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma. Las actuaciones están dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que investiga presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios, según fuentes del TSJ. El juez decretó secreto de sumario.
Al parecer, el cerebro de esta presunta trama de corrupción es José Luis Cano, funcionario en excedencia que fue hasta 2007 responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la consejería de Presidencia. Según fuentes de la investigación, este funcionario era propietario de la empresa Acabi junto a Domingo Peñalver, ingeniero de caminos que también fue detenido ayer en relación con la presunta trama de corrupción. Esta empresa fue la que se encargó del redactar el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Librilla.
Precisamente un técnico de este municipio, José Andrés Cortés Otálora, es otro de los implicados en el caso. Se trata del gerente de la empresa municipal de suelo Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), que se encarga de la gestión de operaciones urbanísticas y que fue creada para adquirir para el Ayuntamiento el 52% del polígono industiral de Cabecicos Blancos. Al parecer este funcionario, en connivencia con los dueños de la empresa Acadi, le otorgaba contratos para la redacción de planes parciales en el municipio.
Los otros dos arrestados son la esposa de José Luis Cano y un familiar de José Andrés Cortés. Las indentidades de estos no han sido dadas a conocer.
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