A. G., que fue arrestado por la Guardia Civil por un caso de presunto tráfico de drogas, solicitó el 'habeas corpus' pero se le denegó.
El Tribunal Constitucional (TC) ha otorgado el amparo a A.G., que fue detenido por la Guardia Civil de San Javier por un presunto delito de tráfico de droga y al que el Juzgado denegó el procedimiento de habeas corpus que había solicitado por presunta detención ilegal.
Ahora, el Alto Tribunal indica en su sentencia que el citado Juzgado «denegó la incoación del procedimiento no porque la solicitud careciese de los requisitos formales, ni porque no concurriera el presupuesto fáctico de una real y efectiva situación de privación de libertad», sino «en virtud de la aplicación de una fórmula estereotipada basada en la afirmación de la legalidad de la detención del demandante de amparo».
Para el TC, el órgano judicial, al obrar así y no admitir a trámite el habeas corpus sin dar audiencia al detenido, «no procedió a verificar si la detención gubernativa, aun no rebasando la duración máxima establecida, podía ser considerada ilegal por haberse prolongado durante más tiempo del estrictamente necesario».
Leer+:
http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20080429/comarcas/murcia-constitucional-ampara-hombre-20080429.html
AGENTE. Un Guardia Civil en una
de sus operaciones. /LA VERDAD.
de sus operaciones. /LA VERDAD.
El Tribunal Constitucional (TC) ha otorgado el amparo a A.G., que fue detenido por la Guardia Civil de San Javier por un presunto delito de tráfico de droga y al que el Juzgado denegó el procedimiento de habeas corpus que había solicitado por presunta detención ilegal.
Ahora, el Alto Tribunal indica en su sentencia que el citado Juzgado «denegó la incoación del procedimiento no porque la solicitud careciese de los requisitos formales, ni porque no concurriera el presupuesto fáctico de una real y efectiva situación de privación de libertad», sino «en virtud de la aplicación de una fórmula estereotipada basada en la afirmación de la legalidad de la detención del demandante de amparo».
Para el TC, el órgano judicial, al obrar así y no admitir a trámite el habeas corpus sin dar audiencia al detenido, «no procedió a verificar si la detención gubernativa, aun no rebasando la duración máxima establecida, podía ser considerada ilegal por haberse prolongado durante más tiempo del estrictamente necesario».
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