El vicepresidente económico acudirá la próxima semana al Congreso, en lugar de José Luis Rodríguez Zapatero, para tratar de desenmarañar la liada madeja de la financiación autonómica, después de que Iniciativa per Cataluña-Verds (IC-V) aceptase ayer retirar in extremis su petición de comparecencia urgente de Zapatero, que debería haberse votado hoy en la Diputación Permanente del Congreso. Pero, para convencer a IC-V de que diese marcha atrás, y evitar así una nueva derrota parlamentaria, el presidente del Gobierno ha incumplido dos de los compromisos adquiridos hace sólo cinco días: que no habría plazos para alcanzar un acuerdo sobre financiación y que comparecería en el Congreso si lo pedía la oposición.
El acuerdo alcanzado ayer, negociado por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y el líder de IC-V, Joan Saura, recoge el compromiso del Gobierno de que antes de tres meses habrá un nuevo modelo de financiación autonómica, como le ha exigido IC-V y el resto de formaciones nacionalistas catalanas, y de que Solbes acuda la próxima semana al Congreso, en lugar de Zapatero, para explicar cómo piensa satisfacer los intereses de Cataluña sin agraviar al resto de comunidades autónomas.
El pasado jueves, tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado en La Moncloa, Zapatero dijo todo lo contrario. Presionado a tres bandas por la Generalitat, los socialistas catalanes y CiU, que le acusan de incumplir el plazo que marca el Estatuto de Autonomía para alcanzar un acuerdo de financiación, el presidente del Gobierno dio un puñetazo sobre la mesa y anunció que no admitiría la imposición de plazo alguno. Es más: llegó a responsabilizar al propio Ejecutivo catalán de que no se hubiera cerrado el pacto el pasado 9 de agosto, la fecha límite que marca el Estatuto. "El acuerdo nos llevará tiempo, trabajo y esfuerzo", insistió Zapatero.
Sin embargo, De la Vega se comprometió ayer con Saura a que el nuevo modelo de financiación estará cerrado definitivamente antes de tres meses, aunque, como reconoció el propio Saura, las posiciones "no están muy próximas, debido a que hay diferencias importantísimas".
Uno de los mayores escollos sigue siendo el de la bilateralidad, ya que la Generalitat exige negociar la financiación de Cataluña directamente con el Gobierno central, sin contar con el resto de las comunidades autónomas. Otro obstáculo difícil de salvar es el de la solidaridad interterritorial, ya que el Estatuto establece que para la redistribución del dinero entre todas las comunidades, el fondo de solidaridad deberá garantizar exclusivamente la financiación de tres servicios principales: educación, sanidad y servicios sociales esenciales. El Gobierno rechaza ambos planteamientos. Y un tercer impedimento, desde luego no menor, es que la crisis económica va a incidir negativamente sobre el reparto de la mermada tarta autonómica.
Ni De la Vega ni ningún otro miembro del Gobierno explicaron ayer cómo piensan sortear todas esas dificultades en los próximos tres meses. Si el Gobierno fracasa, la aprobación de los Presupuestos Generales para el próximo año correría un grave peligro, ya que todos los partidos políticos catalanes han anunciado que no apoyarán las cuentas del Estado si antes no se alcanza un acuerdo sobre la financiación de Cataluña. Para complicar aún más las cosas, el Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse sobre la supuesta inconstitucionalidad del Estatuto catalán, cuyo título VI, dedicado a la financiación, es, precisamente, el más impugnado.
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