@Fátima Martín.-18/06/2008 06:00h
La Operación Astapa –nombre con el que denominaban los antiguos fenicios a Estepona- desplegada ayer contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña vecina a Marbella, tuvo una especial repercusión en las más altas instituciones políticas españolas.
Concretamente en la Cámara Alta. No en vano, Patricia Rojo, hija de Javier Rojo, presidente del Senado, fue representante del PSOE en la Gerencia de Urbanismo bajo el mandato del alcalde detenido ayer, Antonio Barrientos, el puño corrupto del socialismo.
Entre las 25 personas detenidas hasta la fecha se encuentran, además del alcalde, el concejal de Economía y Hacienda y portavoz del PSOE, Francisco Zamorano; el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores; el ingeniero de Urbanismo, Javier Wittmeur; el arquitecto municipal, Arturo Cebrián; la edil de Educación, María Victoria López; la concejal de Playas, Marisa Rodríguez Pino; y el concejal del Partido Estepona (PES), Manuel Reina. Amén de miembros de anteriores corporaciones, técnicos, abogados y empresarios -entre los que figura, como adelantó ayer El Confidencial, José Romero González, presidente de la promotora Grupo Prasa y máximo accionista del Córdoba FC-.
Los delitos que se investigan son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales. Aún no ha trascendido si Patricia Rojo se cuenta entre los arrestados.
“Ante la imposibilidad de seguir construyendo en Marbella, las prácticas urbanísticas se trasladaron a Estepona”, comentaban ayer a este diario desde la Costa del Sol. Sin ir más lejos, anteayer mismo se firmó en Estepona un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y una sociedad vinculada a la casa real saudí para construir una urbanización a las afueras del municipio. El 30% del terreno, denominado El Paraíso, se reserva para VPO.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de su colindante Marbella. Las mismas fuentes agregaron que, también, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado y han señalado que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.
No es casual, pues, que algunas de las supuestas irregularidades cometidas en Estepona se analizaran en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del Caso Malaya contra la corrupción en Marbella. Así, la Policía vio "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca.
El acuerdo, relativo a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, fue suscrito por Barrientos con el apoderado de una inmobiliaria imputado en el Caso Malaya y supuso la venta del 90% de la parcela a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10% restante a 831,3 euros. Los investigadores observaron un "desfase" en la valoración referida a unos 2.300 metros con la que se fijaba en un contrato privado suscrito entre la primera inmobiliaria y otra sociedad, que cifró en 2.085 euros el precio de cada metro cuadrado edificable.
Conexiones internacionales
Las conexiones esteponeras con la Malaya marbellí son múltiples y variopintas. Hace poco más de un año, concretamente el 23 de marzo del año 2007, la comunidad de propietarios del complejo Playa Dor denunció ante la Fiscalía al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos; a la coordinadora del área municipal de Urbanismo, Patricia Rojo; a un técnico municipal de esta área; al imputado en el Caso Malaya Giovanni Piero Montaldo –empresario italiano vinculado a la mafia calabresa-; y a las empresas Promociones Los Ansares, S.A., vinculada a José María del Nido, y Moansa, S.A. por la comisión de un presunto delito urbanístico, según recogen los blogs de los sufridos vecinos.
Otras actuaciones dan cuenta de la dimensión internacional de lo que se viene cociendo en la Costa del Sol con campechana impunidad. Uno de los pocos nombres de los detenidos que las autoridades tuvieron a bien revelar fue el del arquitecto municipal Arturo Cebrián. El pasado 18 de febrero, el Ayuntamiento de Estepona informó de la apertura de una investigación sobre Cebrián, al conocerse que unas escuchas telefónicas lo vinculaban con el Caso Hidalgo de presunto blanqueo de capitales. Según un informe policial publicado esos días, al empresario Jan Nadir, que acordó comprar un terreno para edificar en Estepona, le dijeron en una conversación telefónica que hubo que entregar mucho dinero para lograr licencia de urbanización en una parcela de la localidad. En dicho informe policial se explicaba que la referida compra de terrenos donde edificar "sería del todo imposible sin la connivencia de una persona que se encuentra dentro del área de Urbanismo, en este caso Arturo Cebrián". Según Diario Sur, Nadir es uno de los beneficiarios de la trama belga del Caso Hidalgo. La trama belga. Hay más.
Así pues, la Costa del Sol se mostró este martes sobresaltada, que no sorprendida, por la envergadura de la operación en Estepona. Pero la onda expansiva del terremoto se dejó sentir en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián, lugares donde también se efectuaron detenciones, seguidas por 38 registros domiciliarios y societarios y numerosas órdenes de prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y de bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros.
Anoche, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, dictó fianza para tres de los 25 detenidos y ha dejó en libertad con cargos a otros dos. Según han apuntado fuentes judiciales, la juez decretó prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros para J.R.G. y de 30.000 euros para J.L.C.A. y para A.M.C.L., a los que prohibió además salir de España.
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