Vivienda / El organismo "estrella"que la ministra de Vivienda ha impulsado para incentivar el alquiler cierra la legislatura con un balance desastroso, según los expertos inmobiliarios.
Por Cristina Caballero.
La legislatura se agota, y con ella, las oportunidades para que el Ministerio de la Vivienda, creado por Zapatero, cumpla los ambiciosos objetivos que se marcó en su nacimiento. El balance del departamento dirigido, primero, por María Antonia Trujillo y, desde hace unos meses, por Carme Chacón, es desastroso, según el parecer de promotores, expertos inmobiliarios y particulares consultados por este diario.
La Sociedad Pública de Alquiler, el organismo estrella que Chacón se ha propuesto impulsar para frenar la subida de los precios y sacar al mercado los tres millones de pisos vacíos que existen en España, tiene actualmente en cartera unas 5.800 viviendas, de las 25.000 que se propuso gestionar cuando se lanzó. Su balance financiero es aún más desafortunado: siete millones de euros de pérdidas acumuladas en sólo dos años.
Gran parte de la sangría económica que está suponiendo la Sociedad presidida por Alejandro Inurrieta (ex asesor del secretario de Estado de Economía, David Vegara), tiene que ver con las condiciones que brinda a los propietarios de los pisos. El organismo ofrece al dueño una facilidad llamada «alquiler garantizado», bajo la cual asegura al propietario la percepción de una renta durante cinco años desde la firma del primer contrato de arrendamiento.
Bajo esa cláusula, la Sociedad se compromete a pagar el alquiler aunque la vivienda no tenga inquilino. La situación actual dista mucho de ser perfecta: muchas de las 5.800 viviendas que gestiona el organismo están vacías, porque los inquilinos han rescindido el contrato antes de tiempo. Pero la Sociedad Pública tiene que asumir la renta sin obtener ingresos. Según Alejandro Inurrieta, el presidente del organismo, «contamos con un seguro que cubre hasta tres meses de renta en el caso de que la vivienda se quede vacía». ¿Y después de ese tiempo?
Para agilizar el alquiler de esos pisos es necesario más personal, con el consiguiente incremento de los gastos. De hecho, ésa es una de las partidas que más dinero absorbe: sólo en 2007, se gastaron más de cuatro millones de euros en concepto de personal y servicios exteriores.
La contratación de agentes inmobiliarios se ha intensificado y ahora trabajan casi 400 para el organismo público. También ha aumentado la publicidad de esas casas a través de portales especializados. Hay 1.200 pisos vacíos pendientes de alquilar.«Llevará su tiempo», dice un agente, «porque tampoco son chollos».
«Este tipo de iniciativas estatales, gestionadas por no especialistas, suelen ser deficitarias», afirma Carlos Ferrer-Bonsoms, director de la División de Residencial de la consultora Jones Lang Lasalle.
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http://www.elmundo.es/papel/2008/02/17/mercados/2328615.html
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