Frente a la mayor subida de impuestos de la historia de la democracia en España, que va a suponer una importante merma en la economía de las ya maltrechas clases medias, el gobierno ha mantenido intacto el 80% de los ingresos que perciben los partidos políticos, la patronal y los sindicatos para mantener sus enormes privilegios.
Se calcula en más de 3.000 millones de euros (500.000 millones de las antiguas pesetas) los ingresos que estos tres grupos reciben del Estado español. Lo que desde el inicio supuso una evidente brecha en la igualdad de oportunidades entre estos pocos colectivos y el resto de asociaciones y partidos que existen en España, hoy se ha convertido en una lacra que llega incluso a lacerar directamente el crecimiento económico, convirtiéndose en la mejor prueba de que en España existe una clase dirigente que vive completamente al margen de los problemas y de las carencias de los ciudadanos.
Con esta petición se pretende contribuir a la eliminación de toda ayuda pública para cualquier partido político, sindicato o asociación profesional.
Con esta petición se pretende contribuir a la eliminación de toda ayuda pública para cualquier partido político, sindicato o asociación profesional.
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Destinatario: Congreso de los Diputados de España
Estimados Señores y Señoras Diputados:Todo ciudadano de la Unión Europea, actuando a título individual o junto con otros, puede ejercer en todo momento su derecho de petición ante el Parlamento Europeo en virtud de lo dispuesto en el artículo 194 del Tratado CE. A su vez, todo ciudadano español dispone del derecho de petición a las Cortes, reconocido en todos los textos constitucionales desde 1837 y consagrado en la Constitución vigente como un derecho fundamental, establecido con carácter general en el art. 29 de la misma, y desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
Constituye un sentir generalizado en la ciudadanía que existe un agravio comparativo de inusitada naturaleza en cuanto a la forma de financiarse públicamente un pequeño grupo de partidos, asociaciones empresariales y sindicatos respecto al resto de grupos, asociaciones y partidos nacionales. Dicha financiación pública no consigue sino constituir una separación abismal en las oportunidades de quienes cuentan con fondos públicos para el desarrollo de su actividad y aquellos que sólo cuentan con los ingresos provenientes de sus afiliados.
Partiendo del convencimiento de que cada colectivo de carácter privado -como son los partidos políticos, las asociaciones patronales y los sindicatos de trabajadores- debe financiarse exclusivamente por sus afiliados o simpatizantes y no por toda la ciudadanía, me uno con esta CARTA a las muchas que espero reciban sus señorías en los próximos meses con el fin claro de
ejercer el
DERECHO DE PETICIÓN ciudadano para LOGRAR que se redacte y apruebe por las CORTES GENERALES de España una LEY cuyo efecto suponga la PROHIBICIÓN DE FINANCIAR CON FONDOS PÚBLICOS CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL y SINDICATO DE TRABAJADORES registrado en España.
