Rafael del Barco Carreras
Barcelona 12-08-10. No solamente los okupas de CAN RICART y asociaciones de vecinos, con infinidad de afectados, pretenden que no se olvide DIAGONAL MAR-FÓRUM, donde se concentra toda amoralidad oficial, sino anónimos empresarios que afectados por la Gran Corrupción barcelonesa se encuentran en complejos problemas judiciales, que no quieren que su caso se airee por posibles repercusiones, pero intentan ayudar en la comprensión de la realidad actual. El único inconveniente es que me inundan de datos, que ni puedo comprobar por falta material de tiempo, ni me dejan dormir.
Decía que la aparición del abogado Juan Piqué Vidal en el caso Palau de la Música, a través de su asociada Mireia Astor, junto a la presencia de la letrada en el Caso Hacienda de Barcelona, sitúa de nuevo a Piqué Vidal y su organización en el podium del gansterismo financiero-político barcelonés. El “de nuevo” es un decir, nunca ha bajado de ese podium. Y si los casos Palau, Pretoria, Hacienda enlazan el pasado con el presente, demostrando que no se trata de “casos” sino de la propia esencia del Poder en Barcelona, únicamente desmenuzando las interrelaciones con los miles de perjudicados que ni de lejos entienden ni saben quienes y cómo les destrozaron sus vidas, se podrá clarificar la madeja de la Gran Burbuja o fraude piramidal financiero-inmobiliario que nos afecta, del que por mucho que se empeñe el abogado del Estado acusador en el caso Hacienda, ninguno de los acusados forma parte directa y principal.
Un preocupado comentarista me consulta si el Piqué Vidal abogado tiene algo que ver o relación familiar con el Piqué Camps ministro de Aznar… le contesto que ninguna, pero les hermana Javier de la Rosa que los convirtió en millonarios, uno por abogado “colegui” y el otro por directivo de TORRAS-KIO.
El alcance de la presencia de Piqué, y cientos de abogados a sus órdenes, en la vida barcelonesa es de tal calibre que hasta su paso por Can Brians marca la dirección de un poder que abarca desde la Generalitat socialista (como abarcó la de CIU) hasta la Judicatura del color que sea. Aunque tropezó con algunos jueces decentes, que también los hay, pero ni de lejos para confirmar el párrafo del artículo en EL PAÍS del 2006, “Don Giovanni, finalmente entre rejas”, y que adjunto en www.lagrancorrupcion.blogspot.com :
“Esa época dudosa y esa pegajosa melaza judicial anidan ya, para respiro general, en el baúl de los recuerdos. "La ciudad y la justicia empezaron a cambiar hace 20 años y surgieron penalistas que hablaban sólo de derecho, que no eran oscurantistas ni conseguidores", resume un conspicuo letrado barcelonés. También surgieron jueces que no se dejaban corromper ni sucumbir a los cantos de sirena de los poderosos. Pero ésa es buena harina de otro costal”.
Por desgracia poco cambió desde hace 20 años como demuestra la eternización de los sumarios, su escasa repercusión penal o libertades sin siquiera fianza… pero si EL PAIS así se lo prometía, EL MUNDO nos contaría en 2007 que Piqué convirtió el paso por CAN BRIANS en otro capítulo de su vida y mando dentro de la Gran Corrupción. ¡Ah, y ni siquiera expedientes disciplinarios!
Me cuenta otro confidente que el CASO FILESA (extorsiones para “financiar” al PSOE) enlaza con un Huguet familiar del inspector de Hacienda acusado en el Caso Hacienda, y simplemente clicando en GOOGLE encuentro una graciosa referencia:
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
CATALANO ARGENTINAS S.L.
POR 1 DIA - Por Acta Nº 1 del 11-7-06 resolvió apert. Suc. Art. 118 L.S. fijando sede en Alberto Vignes 1248 P 3º “A” Haedo, Morón. Nom. Representantes a Francesc Marti Jusmet, Juan Huguet Huguet, Juan Oviedo Gestar, Pascual Juan Dehan y Luis Dionisio Marcotegui, todos con dom. esp. en Alberto Vignes 1248 P 3º “A”. Haedo, Morón. Fernando Raúl Cano. Abogado.
BOLETIN OFICIA. La Plata, miércoles 10 de enero de 2007
Donde no solo se cita al Huguet (condenado por estafa) que según mi comunicante “trabajó” en el caso FILESA y en el Bufete Piqué Vidal, sino a Francesc Martí Jusmet, el socialista del equipo Narcís Serra que en su angustia vital de juventud escribió en 1974 el libro “Barcelona ¿a dónde vas?” y 35 años después surge en las conversaciones gravadas por la Guardia Civil en el caso Pretoria (recalificaciones y obras públicas) con un sospechoso y mafioso “Vete de mi parte a Martí Jusmet”.
Continuará…
REPORTAJE: Piqué Vidal cumple un mes en Brians
'Don Giovanni', finalmente entre rejas
El que fuera abogado penalista más célebre pasa sus días en la cárcel dedicado a la limpieza y sin generar problemas. El caso podría finalizar con su expulsión
PERE RÍOS - Barcelona - 29/10/2006
"Qué vol aquest pelat?", solía decir Juan Piqué Vidal cuando algún juez, abogado o cliente le llevaba la contraria, fuera en un escrito o por teléfono. De eso ya hace más de 15 años, cuando estaba en el cenit de su carrera y no había caso penal de enjundia en Barcelona que no pasara por su despacho del número 612 de la avenida Diagonal. Para entonces Piqué Vidal ya había olvidado que era el hijo de un tendero de ultramarinos de Poblenou y se había convertido en El Abogado que muñía turbias relaciones entre los poderes poder político, empresarial y judicial. Don Giovanni, como le llama un colega para referirse a aquellos vínculos, jamás pudo imaginar que acabaría traspasando el umbral de la cárcel de la que libró a decenas de clientes.
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Aspira a pasar la Navidad en casa, de permiso o tercer grado Comparte celda y buen trato con un delincuente de medio pelo
Pero ya han pasado 34 días desde su ingreso en Brians para cumplir una condena de siete años por extorsionar a empresarios. Es el mismo caso que también ha dado con los huesos del ex juez Luis Pascual Estevill en el penal de Quatre Camins.
El abogado comparte celda con un delincuente común de medio pelo y la convivencia entre ambos está resultando apacible. La celda está situada en un módulo reducido en el que apenas hay 50 presos, conocido coloquialmente por los funcionarios como el departamento del morro. Y es que allí van a parar los reclusos con sanciones menos graves y los que tienen asignado algún destino en la cárcel. Como Piqué Vidal, que se encarga de las tareas de limpieza y del office, el vocablo con el que se designa a los presos que reparten la comida en el resto del módulo.
Todas las fuentes penitenciarias consultadas coinciden en que el abogado no sólo no ha dado ningún problema, sino que tiene un comportamiento muy correcto con los funcionarios. También coinciden en que no disfruta de privilegios y en que el tópico de que se le trata como a un preso más responde por completo a la realidad.
"No como ocurrió con Javier de la Rosa", explican las mismas fuentes, "que trataba muy mal, e incluso amenazaba a los funcionarios y gozó de un trato de favor, como permitirle el uso permanente de un teléfono móvil, por parte de la Generalitat", gobernada entonces por los nacionalistas. Cumplidas sus tareas diarias en la cárcel, Piqué Vidal pasa el resto del día hojeando documentos y recibiendo visitas de abogados.
Su familia acude semanalmente a verle, la misma periodicidad con la que él asiste a la misa católica de la cárcel. Es una actividad que debería resultar plácida, pero que siempre ha generado problemas. "Unos pocos van allí a escuchar la palabra de Dios y muchos acuden a realizar trapicheos y cerrar negocios", explican los funcionarios. Y es que a la iglesia, como al polideportivo o al teatro, pueden acceder los 1.500 reclusos de Brians.
Seguramente porque es un hombre de profundas convicciones religiosas, Piqué confía en pasar la Navidad en casa, sea de permiso o con el tercer grado. Al menos así lo ha confiado a las personas de su círculo más íntimo. Y el calendario cuadra si se repasan las normas procesales.
La junta de tratamiento de la prisión dispone de dos meses de plazo, desde la entrada en prisión, para realizar una propuesta de grado y destino que elevará al Departamento de Justicia de la Generalitat. Después habrán de pasar 10 días para que Piqué Vidal sepa cómo se le ha clasificado. Fuentes penitenciarias explican que lo normal es que fuera en segundo grado y que, por tanto, siguiera cumpliendo la pena en la cárcel.
De ser así es muy probable que recurra ante el juzgado de vigilancia penitenciaria solicitando el régimen abierto, aunque sus más íntimos declinan comentar lo que hará. Entre otras cosas porque el 1 de noviembre se celebran elecciones y la clasificación de ese preso también puede depender de quién acabe gobernando en la Generalitat.
Piqué Vidal llegó a la cárcel con discreción, sólo cuatro días después de confirmarse la condena y sin esperar a ser requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a diferencia de lo que hizo Pascual Estevill. Fue también una forma hábil de sortear a los mismos fotógrafos que habían inmortalizado sus días de gloria.
Distintos juristas consideran que Piqué no acumula una densa formación jurídica, pero sí le reconocen agudeza procesal e instinto para tratar con el poder político, especialmente con quienes le resultan más cercanos y a los que logró exculpar de tantos cargos. Como Jordi Pujol en el caso Banca Catalana o Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia, en el caso de los avales de la CARIC (Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña), un organismo dependiente de la Generalitat. Un caso que acabó en nada, aunque destilase "aromas de corrupción", expresión acuñada por el entonces fiscal general del Estado, Eligio Hernández.Piqué Vidal cuenta ahora 73 años. Ejerce desde 1959, pero no es seguro que pueda volver a colocarse la toga. El TSJC comunicó recientemente al Colegio de Abogados de Barcelona que la ejecución de la sentencia comporta también la suspensión del ejercicio de la profesión durante dos años. Además, ese colegio, que jamás se atrevió a actuar contra él por mala práctica deontológica pese a las numerosas quejas y procesos penales que le vinculaban, le ha abierto ahora un expediente por cuestiones de ética profesional. El resultado podría ser hasta la expulsión de la profesión.
Atrás quedan los tiempos en los que Piqué reclutaba y presidía, genuflexas, a las togas de oro de la ciudad con motivo del caso Banca Catalana. Eso sí, trabajaron para el poder político con tarifa gratis total. Así lo relata uno de los letrados de aquel grupo selecto. "Nunca se nos pidió la minuta y no vimos ni un duro. Yo sólo tuve una llamada de Jordi Pujol para darme las gracias, y punto", explica el defensor. En aquella élite estuvieron, además de Piqué, los ex decanos del Colegio de Abogados Miquel Casals Colldecarra y José Juan Pintó, así como Manuel Serra Domínguez, Rafael Jiménez de Parga y Juan Córdoba Roda.
Nadie habría imaginado entonces, tras la campaña patriótica, la exculpación de Jordi Pujol y el linchamiento social y mediático que sufrieron los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena por ejercer sus funciones, que podrían variar algún día ciertos símbolos del guión habitual de la historia. Y es que horas antes de que el abogado entrase en prisión, Jiménez Villarejo recibió de un presidente socialista la máxima distinción judicial que concede la Generalitat. "Alguna vez ganan los buenos y pierden los malos", silabeó aquel 26 de septiembre con su habitual socarronería José María Mena, el fiscal jefe de Cataluña.
El tono de la frase resume las ácidas batallas que en este tiempo han librado en los juzgados la fiscalía y Piqué Vidal. A los casos ya citados hay que sumar la descapitalización de Grand Tibidabo a cargo de Javier de la Rosa, las facturas falsas del caso Planasdemunt, por el que acabó condenado un ex consejero de la Generalitat; el caso Casinos sobre la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica y la venta fraudulenta de terrenos por el Consorcio de la Zona Franca que se saldó con la huida de España de Antonio de la Rosa, padre del citado financiero.
Jueces corruptos
A estos casos hay que agregar el de Carlos Lorenzo-Penalva y Joaquín García Lavernia, los dos primeros magistrados condenados en democracia por cohecho y que probaron la cárcel. Tras ser expulsado de la carrera judicial, el corrupto Penalva acabó trabajando para el despacho de... Piqué Vidal. O el megafraude de la Seguridad Social en el que el abogado pactó una minuta computada por días y tardó más de una década en juzgarse.
Esa época dudosa y esa pegajosa melaza judicial anidan ya, para respiro general, en el baúl de los recuerdos. "La ciudad y la justicia empezaron a cambiar hace 20 años y surgieron penalistas que hablaban sólo de derecho, que no eran oscurantistas ni conseguidores", resume un conspicuo letrado barcelonés. También surgieron jueces que no se dejaban corromper ni sucumbir a los cantos de sirena de los poderosos. Pero ésa es buena harina de otro costal.
El abogado que fue condenado por extorsión en el 'caso Estevill' vuelve a obtener beneficios penitenciarios
NANDO GARCIA
EL MUNDO 30/9/2007
BARCELONA.- La directora de la cárcel de Brians -situada en la barcelonesa localidad de Sant Esteve Sesrovires- ha otorgado un nuevo régimen de salidas al abogado Juan Piqué Vidal, condenado a siete años de cárcel por el denominado caso Estevill por razones humanitarias y bajo la condición de que acuda cuatro días a la semana a repartir comida a un centro de acogida, denominado Itaca y situado en la capital catalana.
Según explicaron fuentes penitenciarias a EL MUNDO, la directora Sílvia Serra ha desoído una resolución del juzgado de vigilancia penitenciaria que revocaba este nuevo privilegio concedido al que fuera letrado del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Después de la retirada a principios de año de la modalidad de vida recogida en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -conocido como tercer grado encubierto, ya que permite a internos que no reúnen las condiciones para ser clasificados en ese grado ir al centro sólo a dormir-, la Junta de Tratamiento de Brians le volvió a aplicar con fecha de 26 de abril este artículo con efectos de el 4 mayo de 2007. Entre el 16 de junio y el 3 de julio, el abogado disfrutó de salidas laborales todos los martes de 9.00 horas a 20.30 horas, y los viernes, sábados y domingos de 11.00 horas a 20.30 horas.
A partir del 6 de julio, las salidas dejaron de ser por motivos laborables para ser por razones humanitarias debido al delicado estado de salud de su hija, que murió días después. De hecho, el 21 de julio se le concedió un permiso para acudir al sepelio.Sin embargo, desde el día 22, Piqué Vidal siguió manteniendo el mismo régimen de salidas. Cuatro días después, la Junta de Tratamiento de Brians mantuvo los horarios de salida del artículo del 100.2 del Reglamento Penitenciario, pero cambió el motivo de las salidas por razones humanitarias para que acudiera a Itaca sin más explicaciones.
El 3 de septiembre, se comunicó a la directora la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Barcelona en el que se le deniegan estas salidas. No obstante, la resolución no se ha ejecutado porque aún no era firme. Fuentes penitenciarias explicaron que «pese a que la mayoría de profesionales implicados, e, incluso, otros miembros del equipo directivo expresaron la convicción de que esa resolución obligaba a suspender las salidas de Piqué Vidal del artículo 100.2», la dirección del centro ha seguido manteniendo este régimen de vida al abogado. Actualmente, Piqué Vidal tiene aprobadas las salidas de todo el mes de septiembre.
Esta no es, ni mucho menos, la primera vez que este abogado -condenado por delitos de cohecho, prevaricación y detención ilegal, amén de deslealtad profesional- consigue salir de prisión desde que fue condenado en enero de 2005 por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En noviembre de 2006 y antes de que el prestigioso letrado hubiera permanecido dos meses y medio en prisión, el Departament de Justícia le autorizó a salir a la calle durante el día en base a este artículo 100.2. Esta decisión generó mucha polémica y el fiscal reclamó que fuera revocada, lo que efectivamente fue admitido por la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 2 de Cataluña.
Tras esta decisión, Justícia rectificó y en enero de este año se le retiró la posibilidad de salir de prisión, a pesar de que los abogados de Juan Piqué Vidal recurrieron la resolución de la juez. Sin embargo, los representantes legales del letrado no se dieron por vencidos. En mayo, la juez de vigilancia penitenciaria rechazó una petición para que se le concediera el tercer grado penitenciario, aunque en su resolución, la magistrada admitió lo avanzado de su edad, 73 años, y que es un «delincuente primario socialmente integrado», además de que en su día pagó la responsabilidad civil a la que fue condenado.
Sin embargo, la juez consideró que estos motivos no eran suficientes para dejarlo en libertad, ya que ni siquiera había cumplido una cuarta parte de la pena de cárcel que le fue impuesta. A pesar de esta resolución, la batalla legal prosiguió. Tras nueve meses en prisión, el pasado mes de junio, la justicia desestimó un nuevo recurso de los abogados en el que reclamaban que se le concediera el régimen abierto. No obstante, el pasado 16 de junio le volvieron a aplicar el artículo 100.2.
Precisamente, el centro penitenciario de Brians, en el que está recluido este conocido abogado, lleva varios meses en el punto de mira. Además de las quejas que acumula su directora, Sílvia Serra, de abogados, funcionarios y reclusos, en esta cárcel están ingresados reclusos condenados por delitos relacionados con el terrorismo y, más concretamente, con ETA.
La propia directora otorgó directamente trato de favor a estos internos al impedir a los funcionarios abrir la correspondencia entre dos de estos presos, lo que contraviene la ley. En este centro están ingresados Diego Sánchez Burria, Laura Riera y Purificación Ródenas, que cumplen condena por colaborar con el comando Barcelona de la banda terrorista ETA. A Sánchez Burria se le permitió acudir al parto de su compañera Laura Riera en una decisión sin precedentes.Días después, este diario informó de un documento interno de Justícia en el que se calificaba a los dos reclusos de «presos políticos».
A los tres meses de cárcel ya empezó a salir
BARCELONA.- Será por el buen trabajo de sus abogados, por su avanzada edad -74 años- o porque abonó los 331.500 euros a los que fue condenado en concepto de responsabilidad civil. Lo cierto es que argumentos a parte, Juan Piqué Vidal empezó a beneficiarse del permiso de salida de la prisión antes de que se cumplieran los tres meses de encarcelación, que se produjo el pasado 26 de diciembre.
El 20 de diciembre, salió por primera vez de Brians. En aquella ocasión lo hizo porque colaboraba con Càritas. Fue la Secretaría de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat la que le concedió esta medida excepcional recogida en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario después de un informe favorable de la Junta de Tratamiento de este centro.
Lo sorprendente de esta decisión de la Administración catalana es que permitió su salida antes de que el juez de vigilancia penitenciaria se pronunciara sobre la idoneidad del mismo. Sólo unos días después, el fiscal de vigilancia penitenciaria se opuso a la resolución de Justícia bajo el argumento de que la Administración penitenciaria catalana no justificó su decisión de aplicar el artículo 100.2. La legislación establece que esta medida debe fundamentarse en un programa específico de tratamiento para el interno «que de otra forma no puede ser ejecutado». En opinión de la Fiscalía, el Departament de Justícia no había detallado este extremo, y el juez se sumó al criterio del ministerio público.Incluso la consellera de Justícia, Montserrat Tura, se refirió a esta polémica. Aseguró que respeta la decision del juez, pero defendió que «parte de la condena de una persona que se ha enriquecido ilícitamente consista en ayudar a los más desfavorecidos obligatoriamente y a cambio de nada».
Para Miguel Pueyo responsable de UGT, sindicato mayoritario en el sector, «no es extraño que la directora Sílvia Serra, dado su origen social, practique una cierta solidaridad de clase con Piqué Vidal. Lo que ya no parece tan lógico es que un Gobierno de izquierdas esté permitiendo que la forma de cumplimiento de las penas de prisión venga determinada por la clase social a la que pertenece el penado y no intervenga de una vez para acabar con las arbitrariedades de esta directora».
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E-DEFENSOR
20/12/04
CASO FILESA
A finales de 1989, Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones
SENTENCIA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO: José Maria Sala i Griso Al senador socialista Sala i Griso se le imputó un delito de falsedad en documento mercantil y se le condenó a la pena de un año de prisión menor y multa de 100.000 pesetas; por otro delito de asociación ilícita se le condenó a la pena de dos años de prisión menor y una multa de 250.000 pesetas. Tras permanecer 25 días en la prisión barcelonesa de Can Brians, Sala fue puesto en libertad al acordar el Tribunal Constitucional su libertad provisional mientras se tramitaba el recurso de amparo presentado contra la sentencia. El 4 de junio del 2001, el Tribunal Constitucional rebajó de tres a dos años de cárcel la pena que el Supremo impuso al ex senador, al anular el delito de falsedad en documento mercantil, aunque mantuvo los dos años por asociación ilícita por el "caso Filesa".
Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores Al diputado socialista Carlos Navarro y a los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, el Tribunal Supremo les condenó a las penas de tres años de prisión menor y multa de 100.000 pesetas, a cada uno de ellos, por un delito de falsedad continuada en documento mercantil,; también por un delito contra la Hacienda Pública a las penas de dos años de prisión menor y a una multa 258.827.765 pesetas, que abonaron al Estado de manera mancomunada y solidaria. Este importe fue satisfecho mediante la ejecución de un aval bancario que había sido depositado con anterioridad como fianza, según las fuentes jurídicas consultadas. También el Supremo condenó a Carlos Navarro a la pena de tres años de prisión menor y una multa de 500.000 pesetas por un delito de asociación ilícita. Y a Luis Oliveró y a Alberto Flores a dos años de prisión menor y multa de 250.000 pesetas. Estos tres condenados por el caso Filesa obtuvieron el 1 de diciembre de 2000 por parte del Gobierno de José María Aznar el indulto parcial, de tal forma que se redujeron a la mitad sus condenas que hoy están ya extinguidas. Este indulto se extendía a un total de 1.443 condenados y era el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición.
Aída Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Molina y Eugenio Marín El Supremo condenó a la ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aida Álvarez, y a su marido, Miguel Molledo, a las penas de dos años y cuatro meses de prisión y a una multa de 100.000 pesetas a cada uno de ellos. Por su parte, los empresarios Juan Antonio Molina Vivas y Eugenio Marin Garcia tuvieron que indemnizar, respectivamente, en 35.840.000 pesetas a quienes ostentaban los derechos de la extinta Enasa, S.A. (hoy Iveco-Pegaso) y en 244.000.000 pesetas a los accionistas de Cepsa que resultaron en su día perjudicados.
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