Barcelona 29-07-10. Los políticos catalanes han puesto toda la carne en el asador. Lo que no sé si tiene que ver con el “hecho diferencial catalán” o para crear cortinas de humo ante la Gran Corrupción. El arte de la confusión.
La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) presentó el lunes un voluminoso informe de 158 páginas sobre las irregularidades detectadas en el Palau de la Música de Barcelona. Noticia oscurecida por los toros. Y como no entiendo en cuanto a toros a ninguno de los bandos contendientes, y me temo que el problema para la inmensa mayoría de catalanes no existía (otra creación artificial al estilo Estatut o la consulta por la Diagonal), pasaré a lo mío, lo que pretenden camuflar, la Gran Corrupción.
De paso aconsejar a la cercana Perpiñán que fomentando su turismo, al igual que las multisalas de cine porno y casinos (incluso había librerías con libros y publicaciones prohibidas en castellano y catalán) en tiempos de Franco, ahora habilite una plaza de toros. Yo ya he visto tantas miserias humanas que la de los toros, de serlo, me parece de juguete.
Pero toca comentar sobre inmobiliarias y constructoras solventes, de las que no se sabe que deban a los bancos y caixas miles de millones de euros que no pagarán jamás. Deducir que la que no quiebra soborna, sería improcedente. Los miles de millones de deuda de las quebradas no son estrictamente “mercantiles”, se crearon “especulando”, “opando”, comprando y vendiéndose entre “financieros e inmobiliarios”. Es decir, fabricando quiebras fraudulentas ante el estallido de la gran Burbuja, años 2005-08, caso Inmobiliaria Colonial SA de La Caixa, Riofisa, etc.etc. O sea, ni el SOBORNO es la definición adecuada, como tampoco lo es “financiar” cuando se paga en efectivo una coima a un político, se destine a su partido o a su bolsillo.
La Oficina Antifraude de Cataluña, regida por el ex fiscal David Martínez Madero, sabe, o se lo deberemos repetir para que lo sepa, y defina las hechos inteligiblemente, que las constructoras no sobornan; pagan en negro las tarifas establecidas, pactan compensaciones, o simplemente tienen en nómina a políticos, altos funcionarios, familiares, o el “ hombre de…”. Es el establisment, la corrupción institucionalizada, como aquella Fomento de Obras y Construcciones SA, en origen de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, que digo en el prólogo de “Barcelona, 30 años de corrupción” no se sabía bien donde acababa Fomento y empezaba el Ayuntamiento, o viceversa.
Dice la noticia en El Confidencial; “Habla el informe de un “ambiente de impostación” y subraya: “Apariencia, frivolidad e irresponsabilidad formaban, esta vez sí, un cóctel peligroso”. Y continúa: “Raya el cinismo más absoluto afirmar, como ha hecho este compareciente [se refiere a Juan Elizaga, responsable de Relaciones Institucionales de la compañía], que no se tenía ningún control sobre el destino de más de 11 millones de euros [se refiere al periodo de 1999 a 2007] y, al mismo tiempo, mostrarse en estado de shock, usando sus propia palabras…”. También deja claro que en el año 2008, por ejemplo, los gastos de personal pasaron de 1,2 millones a 2,7 millones y este incremento se dio entre los miembros del comité de dirección. Eran los sobresueldos del ex presidente, Fèlix Millet, de su mano derecha, Jordi Montull, y de la directora general, Rosa Garicano”
No me extraña el shock del ejecutivo de la constructora… “que me preguntan estos locos, se diría, si eso es así desde siempre… y todo el mundo lo sabía”
Lo de “soborno pasivo” me hace tanta gracia como lo de “financiar” o “gastos de personal” ¿Tan delicado es el mundo de la Gran Corrupción que los juristas deben inventarse un diccionario para enmascarar los simples delitos tan bien definidos en el de la Real Academia Española y en el Código Penal? Por ejemplo, asociación para delinquir, fraude fiscal generalizado, apropiación indebida, desfalco y robo… que de no intervenir más corrupción conllevan detención inmediata de los supuestos autores.
Cohecho. De Wikipedia, la enciclopedia libre
El cohecho (coloquialmente "coima" o "soborno") es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto.
El cohecho es simple si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito.
Por ejemplo, un automovilista puede sobornar a un oficial de la policía para no extenderle un parte por exceso de velocidad, un ciudadano que realiza trámites puede sobornar a un empleado público por un servicio más rápido, una compañía constructora puede sobornar a un funcionario para conceder un contrato, etc.
La persona que ofrece la dádiva o que acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo.
En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública”.
Esta definición y la realidad aparecida en todo su esplendor en los casos Palau, Pretoria, Hacienda, etc, se parece como un huevo a una castaña. El mundo real frente al oficial, o las líneas paralelas que nunca se encontrarán.
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