Si eres legal, eres legal“, brama el Ministerio de Cultura como si acabase de descubrir la pólvora. “Si eres imbécil, eres imbécil”, podría añadir yo, situándome en el mismo plano de debate intelectual. “Si eres creador, eres creador” y “si eres ministro, ¿a qué te dedicas?”.
La obviedad que el Gobierno trata de hacer pasar por lema ocurrente esconde, en realidad, un intento de manipulación que ni la denostada Carmen Calvo se atrevió a pergeñar en su día. Muchas mentiras barnizadas de verdades a medias, pero una clamorosa: Compartir archivos en Internet es ilegal.
Para comenzar debemos decir que descargar o subir archivos sujetos a derechos de autor a la Red no es delito, salvo que medie ánimo de lucro. Lo ha dejado ya meridianamente claro el fiscal general del Estado y así lo han confirmado varias sentencias judiciales.
Para proseguir hay que decir que podría, y sólo podría, constituir un ilícito civil, siempre y cuando un juez así lo determinase. Cosa que no ha ocurrido aún en el ámbito de la práctica jurídica en nuestro país.
Por tanto, a día de hoy, es mucho más verdad proclamar que el acceso libre a la cultura sin ánimo de lucro (es decir, eso que usted hace cuando utiliza redes P2P o cualquier otra plataforma de descarga en Internet) es legal que todo lo contrario.
Entonces, ¿qué hace un ministro, todo un Ministerio y todo un Gobierno proclamando lo contrario, manipulando, enturbiando, confundiendo y amenazando a la ciudadanía? La respuesta resulta evidente: proteger los derechos de unos pocos.
Si eres ministro, debes ser legal. Si eres legal, has de respetar la legalidad. Si respetas la legalidad, debes respetar la Justicia. Si respetas la Justicia estás en la obligación de respetar la Ley. Y si respetas la Ley, debes acatar lo que la Fiscalía y los jueces determinan. Y si haces esto, es decir, si a fin de cuentas eres legal, no debes mentir a aquellos a los que te debes: la ciudadanía.
César Antonio Molina accedió al cargo, en principio para endulzar la imagen de un Ministerio excesivamente escorado a favor de los intereses de los lobbies de la cultura en nuestro país (industria y sociedades de gestión). No fue al albur, la presión que en ese momento realizaban internautas y ciudadanos era tal que la propia imagen del Gobierno estaba en entredicho.
Pero ha bastado poner distancia con respecto a las elecciones para que la marea del interés particular haya vuelto a llevar a la superficie ese afán por contentar a la elite en perjuicio del españolito de a pie. Esta falaz campaña ‘antipiratería’ es solo uno de los múltiples frentes que Molina ha decidido abrir para combatir, al margen de la Ley, lo que nadie en su sano juicio o en su sano criterio democrático sería capaz de cuestionar, al menos en nuestro país: el libre acceso del ciudadano a la cultura en armonía con el derecho del creador a ser recompensado por su obra.
Vías hay muchas, pero en casi todas ellas pierden los modelos caducos de mercado, basados en la piratería de la intermediación (ésa que sí que perjudica notablemente a creadores y usuarios, explotando a unos y a otros). Por eso no se buscan alternativas, no se promueven cambios ni se facilita un acercamiento hacia los nuevos conceptos de derecho de autor y de relación creador-consumidor.
Por eso, un Gobierno socialista aplaude e intenta importar un invento de derechas como el ‘modelo Sarkozy‘, pasando por encima de un derecho fundamental como es el el de la privacidad (sí, otra ilegalidad manifiesta) porque, a la postre, ambos han de rendir culto al capital, a pesar de los criterios claramente contrarios de la Unión Europea.
César Antonio Molina ha traicionado el mandato encomendado: él no está ahí para defender lobbies ni intermediarios, está para garantizar el apoyo al creador y para fomentar el acceso a la cultura de los españoles. Por tanto, no queda otra vía que la dimisión o la destitución.
Él, que debería ser el más legal, es el menos legal de todos. Por contravenir la Ley y por abandonar la defensa de la Cultura, así con mayúsculas, en favor de la defensa de los mercaderes de la cultura. Y ése no es papel para un ministro de todos, sino para un simple ejecutivo de una sociedad particular.
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